EL DEBATE SOBRE LA EDAD DE JUBILACIÓN Y LAS PENSIONES
Uno de los temas más recurrentes en estos últimos días es el de las Pensiones y la Edad de Jubilación. La Ministra Salgado ya lo había mencionado hace algún tiempo (Ver nuestra entrada Nº 15 de Diciembre de 2009) y razonaba que el aumento de la esperanza de vida debía llevarnos a retrasar la edad de jubilación. Unas semanas después la noticia saltó a los medios: El Gobierno proponía aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años y, en ese momento, se encendió la polémica.
Los partidos políticos con diferentes argumentos, según su signo, se oponen contra esta medida casi en general si bien con algunos matices. Para los Sindicatos la oposición es total, la jubilación y las pensiones son conquistas sociales irrenunciables. ¡Ya está bien que la crisis la paguen siempre los mismos! Para el trabajador en edad laboral no le hace ninguna gracia tener que trabajar dos años más para obtener lo que hasta ahora tenía derecho a partir de los 65 años.
El Gobierno por su parte no ha parado de decir que el sistema de pensiones es fiable, que las pensiones están aseguradas por muchos años y que el fondo de reserva de la Seguridad Social garantiza las prestaciones sociales de todo el sistema, en particular las de jubilación. Sin embargo cabe preguntarse si todo está tan bien, ¿Cómo es que el propio Gobierno propone unas reformas, -que ahora se han quedado en meras reflexiones-, que suponen un claro recorte de la situación actual? La explicación es muy clara pero no esperen que nadie en el ámbito oficial se la cuente.
El sistema de pensiones se diseñó en un momento en que la esperanza de vida de los españoles era casi veinte años inferior a la de hoy y en esa época el promedio de años que un pensionista cobraba su jubilación no superaba los cinco años. Comparen esas cifras con las actuales y hagan sus propios cálculos. Aunque su fuerte no sean las matemáticas ni sean expertos en cálculos actuariales, una primera aproximación les dirá que el diseño era muy bueno ya que ha aguantado hasta ahora, pero seguramente no podrá seguir siendo válido por mucho más tiempo.
Los sistemas de prestaciones sociales de reparto, como es el nuestro, se basan en las cotizaciones de los trabajadores en activo para hacer frente a los gastos que suponen tales prestaciones. Si el desarrollo económico y social nos ha traído una disminución de la natalidad y un aumento de la esperanza de vida, los cotizantes activos disminuyen (disminución compensada hasta ahora con creces por la bonanza económica de los últimos años, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y por la inmigración) y los pasivos aumentan y aunque la productividad crezca, el equilibrio puede romperse. El recurso a los impuestos para cubrir una parte de las prestaciones tampoco resuelve el problema. Si la brecha crece habría que aumentar los impuestos.
Una cosa es segura, se seguirá hablando de este asunto y si se silencia peor. Porque antes o después habrá que tomar decisiones que nos afectarán a todos, jubilados y activos y, como siempre, cuanto más se tarde en adoptar las medidas necesarias, estás tendrán que ser más drásticas, porque, entretanto, la situación habrá empeorado.